Descubren en Santiago un archivo ilegal con datos de 30.000 personas. Estaba en una casa donde funcionaba la Dirección de Informaciones provincial. Había detalles muy precisos de espionaje a funcionarios, legisladores, jueces y periodistas. Esos datos iban luego al Gobierno.

Un archivo ilegal con 30.000 legajos de personas fue secuestrado de la Dirección de Informaciones, la D-2, un organismo provincial que durante años estuvo bajo el mando del ex represor Musa Azar y que seguía funcionando para espiar a funcionarios, políticos, jueces, gremialistas, periodistas, religiosos, profesionales y personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos.

Esto puso al descubierto un archivo paralelo ilegal más completo que la división Antecedentes Personales de la Policía local, el lugar donde se recaba información legal sobre las personas.

El vicegobernador Joaquín Botta, los senadores nacionales José Zavalía y Mario Rubén Mera (PJ), el fallecido obispo Gerardo Sueldo, César Iturre, hijo del ex gobernador del mismo nombre; el presidente de la bancada juarista de Diputados, Angel Bagli; Luis Santucho (abogado de la familia Villalba y delegado del Plan Antiimpunidad en Santiago) y el propio Musa Azar son algunos de los nombres conocidos que tienen legajos paralelos en la D-2.

Hasta sus más mínimos movimientos están detallados en esos legajos, donde constan también actividades sociales, culturales, políticas, deportivas, amistades y hasta charlas de café de algunos de los personajes investigados.

La D-2 fue allanada por orden del juez del Crimen Juan Carlos Achával, a raíz de un hábeas data presentado por el abogado Hugo Frola y los ciudadanos Julio Arias y Carlos Zurita. Frola fue el abogado defensor del ex diputado provincial Carlos Anauate — actualmente detenido en el caso del doble crimen de La Dársena—, pero luego renunció.

Frola, Arias y Zurita presentaron ese escrito porque tenían la presunción de que los estaban espiando "e informando", pero no sabían con qué motivo ni quién. "Sabiendo que seguía funcionando una suerte de Gestapo, interpusimos el hábeas data para saber qué informes había; para qué y para quién se hacían y para saber quién obtuvo esos datos. Con este procedimiento pudimos saber que estamos en un registro paralelo", explicó Frola a Clarín.

Los 30.000 legajos estaban ordenados en 69 ficheros grandes; 23 ficheros chicos, una caja fuerte y sobre escritorios de las habitaciones de la casa en donde funcionaba la D-2, en el centro de la ciudad. Estaba bien disimulada y sólo quienes conocían la casa sabían que allí funcionaba la Dirección de Informaciones.

También tenían legajos paralelos el intendente radical de la ciudad de Pinto (300 kilómetros al sur de de Santiago), Emilio Rached. El ex senador nacional Javier Meneghini, los ex diputados nacionales Mario Bonacina y Eduardo Avila, el intendente de La Banda, Héctor "Chabay" Ruiz, son también algunos de los nom bres más conocidos que figuran en tres planillas a las que tuvo acceso este diario (ver facsímil).

La pista para iniciar la investigación la dio un ex jefe de la D-2, el ex comisario Rubén Vivas, que le comentó al abogado Frola todo lo que sabía. Vivas fue cesanteado de la fuerza por estar involucrado en una causa de piratería del asfalto. Ayer dijo a la radio local FM Express que era él quien "confeccionaba los legajos e informes reservados. Se hacían por triplicado: iban para Musa Azar, el mayor Jorge D'Amico (ex secretario de Seguridad de Juárez) y funcionarios de alto rango".

El policía dijo también que confeccionaba entre "8 y 10 informes por día", y que estuvo al frente de Informaciones tres años y medio. "Cuando uno ingresa allí, es difícil que salga, por las cosas que ve y las tareas que hace", declaró. En las computadoras se encontraron legajos del Movimiento Campesino Santiagueño y hasta de la jueza María del Carmen Bravo, quien investiga el doble crimen de La Dársena.

El abogado Frola pidió custodia federal para la D-2 en resguardo de los ficheros y las computadoras. Allí trabajan 40 personas