(Reproducción autorizada de Noticias Aliadas, 18 de junio 2003). Una nueva iniciativa lanzada por la secreta Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación para la Defensa (DARPA, sigla en inglés) del Departamento de Defensa de EEUU busca consolidar todas las bases de datos públicas y privadas para compilar un expediente electrónico completo de cada americano vivo.El proyecto, dirigido por el jefe de la Oficina de Conciencia Informática de la DARPA, almirante John Poindexter (condenado por cinco felonías por mentir al Congreso durante el escándalo Irán-Contras en los años 80), busca “captar registros informáticos de potenciales terroristas involucrados en guerras y crímenes de baja intensidad y baja densidad”. El proyecto Conciencia Informática Total fue convertido en ley el 20 de febrero y se le asignó un presupuesto de US$200 millones.Aparentemente, de acuerdo con el mandato de Washington tras la guerra contra Irak, la expresión “todos los americanos” incluye ahora también a los latinoamericanos. Desde los ataques terroristas contra Nueva York y Washington el 11 de setiembre del 2001, el gobierno de EEUU, en su celo por globalizar el fisgoneo sobre su propio pueblo, ha accedido mediante compras y sobornos a los registros personales de más de 300 millones de latinoamericanos, incluyendo los ciudadanos de las dos naciones más pobladas de la región, México y Brasil, además de Argentina, Colombia y Costa Rica.Según un arreglo firmado en setiembre del 2001 con el Departamento de Justicia de EEUU, ChoicePoint, un centro informático de Atlanta, suministra a la agencia supervisada por el fiscal general de EEUU John Ashcroft acceso a listas actualizadas de registros electorales mexicanos con el nombre, dirección y lugar y fecha de nacimiento de 65 millones de ciudadanos. También proporciona los registros de licencias de conducir de Ciudad de México emitidos desde 1997 y actualizados cada mes, y todos los datos de inscripción de automóviles recopilados en la capital durante el mismo periodo. Los registros de licencias de conducir contienen números telefónicos domiciliarios de 6 millones de mexicanos.Aunque tales registros públicos tienen acceso legal en EEUU, en México están guardados estrictamente, y su venta a ChoicePoint, y finalmente al gobierno de EEUU, ha suscitado cuestiones de seguridad nacional y soberanía. La contraparte mexicana de Ashcroft, el procurador general Rafael Macedo de la Concha, ha ordenado una investigación de las circunstancias de la venta ilegal de esta delicada información. El escándalo se ve aumentado por la negativa de ChoicePoint a divulgar de quién o cómo obtuvo las bases de datos, citando cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra.Las bases de datos de registros electorales y licencias de conducir son una de las principales herramientas de los órganos de la ley para buscar sospechosos y fugitivos, y el arrendamiento del acceso a esta información por parte de ChoicePoint al Equipo de Respuesta Rápida del Servicio de Inmigración y Naturalización (perteneciente al Departamento de Seguridad Interna estadounidense) preocupa a no pocos mexicanos sobre la perspectiva de tener a la “Migra” (la patrulla fronteriza de EEUU) tocando a sus puertas en Ciudad de México en busca de un fugitivo bajo fianza escapado de Los Angeles, o de una solicitud del FBI invitando al ocupante a informar sobre vecinos sospechosos al Programa de Información contra el Terrorismo (TIPS, sigla en inglés) del presidente George W. Bush.El robo de los registros electorales mexicanos deja en situación sumamente embarazosa al presidente Vicent Fox, quien afirmó que el sistema electoral de su país está por fin libre del fraude que mantuvo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder durante siete décadas (1929-2000). De hecho, el creciente escándalo está causando grave daño a las esperanzas de Fox de unas elecciones parlamentarias de mediados de periodo creíbles este 6 de julio.Las listas de inscripción de vehículos, que indican el número de serie de los motores, será útil para los clientes de seguros automotores de ChoicePoint, su negocio más lucrativo. Se cree que los datos fueron robados del ahora desaparecido Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), cuyo director, Ricardo Cavallo, resultó ser un criminal de guerra argentino, y se encuentra encarcelado en México, esperando su extradición a España donde el juez Baltasar Garzón está empeñado en juzgarlo por genocidio durante la guerra sucia argentina.¿Qué hacer? El profesor de derecho de la Universidad Nacional Autónoma Jorge Camil sugiere un juicio colectivo interpuesto por los 65 millones de mexicanos afectados para detener la distribución de las listas. “Pero los tribunales estadounidenses no escuchan a México”, dijo.“La venta ilegal de esta información a la administración Bush será usada para rastrear a millones de mexicanos y otros latinoamericanos que no han cometido ningún delito y cede el control de nuestras vidas a Washington”, dijo Julio Tello, del Instituto Tecnológico de Monterrey, quien ayudó a diseñar los protocolos para el uso de dichas bases de datos en México. “Esta es una violación de los derechos personales y políticos. Ahora no son sólo los telecomercializadores con sus estúpidas llamadas. El FBI también tiene tu número”.