CIUDAD DE MEXICO, México, AP.- Funcionarios mexicanos y nicaragüenses prometieron encontrar y sancionar a aquellos que vendieron datos de ciudadanos al gobierno de Estados Unidos, sin la autorización de sus respectivos países. Las declaraciones se registraron un día después de que The Associated Press revelara la venta de bases de datos sobre ciudadanos latinoamericanos a una compañía en Atlanta, ChoicePoint, que los suministra a su vez a oficinas gubernamentales de Estados Unidos. El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, ordenó al ministerio de Gobernación abrir una investigación y amenazó con duras condenas. "El ministro de Gobernación me ha dicho que está investigando para ver si eso es verdad. Y quien lo esté haciendo de manera ilegal, será detenido", dijo Bolaños, según el diario La Prensa. En México, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirmó que "eso no se puede hacer, es ilegal, constituye un delito", según declaraciones aparecidas en el diario Reforma. La AP informó que el banco de datos de 6 millones de residentes en Ciudad de México, y de 65 millones en todo el país, fue vendido a agencias gubernamentales estadounidenses. Eso permitirá a funcionarios identificar a los mexicanos que entran y salen de Estados Unidos. ChoicePoint afirmó que Nicaragua y México eran una porción de 10 países latinoamericanos que habían vendido sus bancos de datos. En Costa Rica, la oficina del presidente Abel Pacheco ordenó una investigación. ChoicePoint dijo que compró la información legalmente y que cooperará con cualquier gobierno latinoamericano. La compañía también compra bancos de datos de subcontratistas en Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador, y vende información de individuos de Brasil y Argentina. Programa secreto de EE.UU. tiene fichados a millones de latinoamericanos ATLANTA, Georgia, AP.- El gobierno estadounidense ha comprado el acceso a bancos de datos sobre cientos de millones de habitantes de diez países latinoamericanos -- aparentemente sin su consentimiento o conocimiento -- a fin de permitir que una gran cantidad de agencias federales rastreen a extranjeros ubicados en Estados Unidos. Una compañía en los suburbios de Atlanta, ChoicePoint Incorporated, ha recopilado la información en el extranjero y la ha vendido en los últimos 18 meses a autoridades estadounidenses de una treintena de agencias, incluyendo investigadores del Servicio de Inmigración que la han utilizado para arrestar a indocumentados. La práctica forma parte de una tendencia característica del actual gobierno de Estados Unidos, cada vez más hambriento de información, que ha comprado datos personales tanto de estadounidenses como de extranjeros, y los obtiene de empresas comerciales como ChoicePoint y LexisNexis. Las autoridades estadounidenses consideran los datos acerca de los extranjeros como parte de un mecanismo de seguridad que permite a los encargados de la ley y al sector turístico echar un vistazo a los antecedentes de personas que entran a Estados Unidos. Combinada con otros datos, la información también puede utilizarse para identificar a terroristas potenciales o descubrir documentos falsos de identidad, según afirman funcionarios gubernamentales y empresariales. "Nuestro único propósito en la vida es vender información para hacer que el mundo sea más seguro", dijo el jefe de mercadotecnia de ChoicePoint, James Lee. "El no tener información concreta acerca de alguien podría representar un peligro. ¿Qué riesgos representan las personas que entran a nuestro país? Uno puede aceptar ese riesgo, pero desea estar informado acerca de él". Varios expertos en cuestiones de privacidad de Latinoamérica ponen en duda la legalidad de las ventas de registros de ciudadanos nacionales, y afirman que con frecuencia algunos empleados del gobierno venden la información en forma clandestina. ChoicePoint parece ser la mayor -- tal vez la única -- empresa dedicada a comerciar con detalles personales de extranjeros. Desde el 2001, la compañía vende bancos completos de datos sobre ciudadanos latinoamericanos. La información incluye los detalles personales de habitantes del continente desde México hasta Argentina, gente que probablemente nunca imaginó que funcionarios de Washington podrían, con sólo apretar unas teclas, leer archivos de identidad que originalmente estaban destinados a las autoridades de la ciudad de México, San Salvador o Bogotá. "Es la globalización de un problema muy desafortunado del consumidor estadounidense", dijo Robert Ellis Smith, abogado que examina las actividades de las agencias de crédito en su condición de editor de la revista Privacy Journal, . Smith dice que los gobiernos latinoamericanos deben proteger a sus ciudadanos al aprobar leyes de privacidad similares a los estatutos europeos, que prohíben comprar información personal en gran escala. En México, donde ya existe una aguda desconfianza acerca del gobierno estadounidense, la mayoría de los ciudadanos se enfurecerían si se enteraran de que sus domicilios, números de pasaporte, e incluso números telefónicos que no aparecen en el directorio telefónico han sido vendidos a Washington, dice Julio Téllez Valdés, profesor de derecho y experto en protección de información en el Instituto Tecnológico de Monterrey. "Podemos permitir que el gobierno mexicano controle nuestra situación, pero no el gobierno estadounidense", dijo Téllez. "No vivimos en Estados Unidos". ChoicePoint dice que compra los archivos de subcontratistas radicados en México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero declina identificar a los que venden tales datos ni decir cómo obtuvieron la información esos grupos. De Brasil, Choicepoint vende números telefónicos y detalles sobre líderes empresariales. Recientemente la compañía dejó de actualizar su registro de ciudadanos de Argentina, debido a la escasa demanda y a las restricciones de una nueva ley sobre la vida privada, dijo Lee, director de mercadotecnia. Parece que los archivos se originan en agencias que empadronan votantes o emiten identificaciones nacionales y licencias de conducir. ChoicePoint proporcionó copias parciales de contratos, que requerían que los contratistas certificaran que habían comprado la información legalmente. Si ChoicePoint puede vender su información detallada de extranjeros a Washington, también puede comercializar sus datos de ciudadanos estadounidenses con los gobiernos extranjeros, pero afirma que no lo hará debido a su política interna. "Creemos que no es correcto y es por ello que no lo hacemos", dijo Lee. En México, ChoicePoint dice que compra los registros de licencias de conducción de seis millones de habitantes de la ciudad de México y el padrón electoral de todo el país, entregándolos al gobierno de Estados Unidos. Si los registros de los votantes salieron del Instituto Federal Electoral de México, las ventas son ilegales, dijo Víctor Avilés, portavoz del organismo. "Si alguien lo vendió, cometió un delito", agregó Avilés. Téllez dijo que empleados inferiores del gobierno mexicano venden información información electrónica en forma rutinaria a los ténicos de mercadeo y se embolsan las ganancias. Una ley de privacidad recién propuesta podría castigar con penas de prisión a los que vendan información de ciudadanos mexicanos sin su permiso. Pero la Asociación de Mercadotecnia Directa de Estados Unidos y compañías norteamericanas como Reader"s Digest y American Express se oponen a la propuesta de ley, que también considera un delito enviar datos de mexicanos a Estados Unidos. Téllez predijo que esa presión podría debilitar dicha propuesta. En Colombia, ChoicePoint compra la base de datos de identificación de ciudadanos de todo el país, incluyendo la fecha y lugar de nacimiento de cada habitante, su número de pasaporte y de identificación nacional, su familia y su descripción física. "No creo que 31 millones de colombianos autorizaran eso", dijo Nelson Remolina, abogado colombiano y experto en privacidad, refiriéndose al número de registros obtenidos por ChoicePoint. Se supone que el gobierno colombiano sólo puede divulgar los registros solicitados por nombre, o cuando el sujeto otorga permiso, agregó. ChoicePoint no sólo está interesada en los latinoamericanos. Pero Lee dijo que los intentos de la compañía de obtener datos personales en otros lados no han tenido éxito. A la empresa se le prohíbe comprar bases de datos en Europa y en otras regiones con leyes de privacidad estrictas, o en países donde los gobiernos se niegan a vender información. ChoicePoint también operó en Hong Kong, Corea del Sur y otros países del este de Asia hasta que la demanda se agotó hace unos años, dijo. Voceros de las agencias estadounidenses con acceso a la información latinoamericana de ChoicePoint afirman desconocer cómo fueron utilizados los datos recibidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza declinó responder a repetidas preguntas de The Associated Press acerca del uso que da la patrulla fronteriza de Estados Unidos a los bancos de datos personales.

Estados Unidos compró base de datos del Registro Nacional de Colombia WASHINGTON, Estados Unidos, Sergio Gómez Maseri, el Tiempo.- A través de la empresa Choice Point tiene acceso a la información privada de 31 millones de colombianos, así como al registro todas las compañías y aeronaves, para impedir el ingreso a ese país de supuestos narcotraficantes o terroristas. La noticia tiene ribetes de escándalo pues la base de datos del Registro Nacional, en donde se almacena información privada de los ciudadanos colombianos, es de uso exclusivo del Estado y no está abierta a la comercialización. Choice Point es una empresa estadounidense que se dedica a la compraventa de bases de datos en el mundo entero y, según pudo establecer EL TIEMPO, lleva más de 18 meses adquiriendo bases de datos en Colombia y otros países de América Latina como Argentina, México, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, para luego revenderlas a diversas agencias del gobierno estadounidense. Entre ellas, el servicio de Naturalización e Inmigración (INS) que admite haber realizado varios arrestos basándose en la información obtenida de Choice Point. De acuerdo con Greg Palmore, un portavoz del INS, la información se usa para rastrear a inmigrantes que tengan un récord criminal. Nadie sabe, sin embargo, que hacen con ella otras agencias como el FBI, la CIA, y el Departamento de Justicia que también la han adquirido. Buena parte de la información para este artículo proviene del Centro para la Privacidad de Información Electrónica (Cpie), un grupo basado en Washington que obtuvo documentos de la compañía en donde se confirman las transacciones y las ofertas de información que ha hecho Choice Point al gobierno estadounidense.CPIE interpuso el año pasó una demanda ante el INS, a través del Acto para la Libertad de Información (Foia), con el fin de que hiciera público sus negocios con Choice Point. El Foia es una ley que permite a particulares exigir la 'desclasificación' de documentos de las agencias del gobierno de E.U. En uno de los documentos desclasificados, obtenido por este diario, la compañía promociona ante el INS la venta del "Registro Nacional de todos los colombianos adultos, incluyendo su lugar y fecha de nacimiento, número de pasaporte, sexo, descripción física, estado marital y profesión registrada. Incluye a más de 31 millones de colombianos vivos como también récord de los que han muerto desde 1991". Dice el documento que el Registro Nacional está a disposición de los clientes de Choice Point desde "septiembre de 2001". Dice también poseer "el registro nacional de todas las compañías registradas (en Colombia) incluyendo el nombre de las empresas, su número NIT, su dueño, descripción del negocio en inglés y español, dirección, teléfono, fax, email, e información financiera". Para este último se ofrece actualizar la información "semestralmente".Además, confirma tener la base de datos completa de todas las aeronaves que hay en el país "incluyendo su número de identificación, tipo de aeroplano, propietario" y, como en el caso anterior, su actualización semestral. Según el Cpie, en México, a su vez, Choice Point obtuvo la lista completa con datos personales de los votantes registrados de este país, la base de datos de todas las licencias de conducción en Ciudad de México, los registros de todos los automóviles y del "90 por ciento de todas las compañías que operan en el país". Por esta información, y las de muchos otros países en la región, la compañía recibió tan solo el año pasado más de 11 millones de dólares. Imposible legal: El problema es que en Colombia, como en la mayoría de las naciones de la región, es ilegal que las agencias del gobierno vendan dicha información. Lo que es más, los datos personales contenidos en el Registro Nacional u otras entidades públicas que almacenan esta información, solo puede ser entregada si alguien hace una solicitud formal, plenamente justificada y en referencia a un caso particular. Eso, salvo que el mismo ciudadano autorice expresamente su entrega. }Pero como dice el abogado Nelson Remolina, experto en casos de privacidad, "dudo mucho que 31 millones de colombianos lo hayan autorizado". Si se trata de una operación ilegal, la pregunta que muchos se hacen es cómo ha hecho Choice Point para obtener la información. La compañía afirma que la adquiere de "subcontratistas", de quienes exige una certificación de que la información por vender fue obtenida legalmente. Incluso, en un comunicado oficial la empresa admite que también compra información de "organismos públicos". Sin embargo, en países donde la corrupción no es un fenómeno extraño, es muy factible que estas certificaciones sean falsas o que los subcontratistas hayan obtenido la información de terceros que si la adquirieron de manera ilegal. "Lo cierto es que muchas personas manejan este tipo de bases de datos. Los departamentos de transporte, seguro social, organismos de seguridad. Alguien dentro de ellos puede sacar la información, venderla a un tercero y luego este al subcontratista que la ofrece a los estadounidenses ya "legalizada", dice una fuente familiar con este tipo de casos. Pero para Chris Hoofngale, del Cpie esto no exime a Choice Point de su responsabilidad. "Si uno sabe que la práctica es ilegal, no puede reclamar inmunidad. Un principio muy fuerte en las leyes de E.U. es que se es responsable por las acciones de tus subcontratistas", afirma Hoofngale. Consultados sobre el particular, Choice Point dice que no puede entregar los nombres de los subcontratistas pues violaría el derecho de privacidad de su cliente. "Es decir, no importa el derecho de privacidad de millones latinoamericanos pero sí el de una compañía que puede estar cometiendo un delito", dice Hoofngale. Choice Point, por su parte, defiende a capa y espada su negocio y métodos. "Nuestro único propósito es hacer de este un mundo más seguro. No hay ningún peligro físico en saber quién es alguien", afirma el jefe de mercadeo de la compañía, James Lee. Para Hoofngale, no obstante, el problema central no está en las compañías que viven de esto, como Choice Point, sino en que las leyes en muchos países de la región no protegen con claridad la privacidad de los ciudadanos. Ellos, dice, no pueden obtener este tipo de información en Europa pues la legislación es muy estricta. Pero el escándalo, al parecer, ya está provocando cambios y en algunos casos investigaciones criminales. En Nicaragua, la policía ha realizado allanamientos contra dos firmas que se cree vendieron la información y en Costa Rica el gobierno anuncio la apertura de una investigación formal. En México, a su vez, el Congreso mueve una ley que sancionaría con prisión a aquellos que vendan esta información. En Colombia, sin embargo, el tema todavía no ha sido atendido por las autoridades.