ACLARACIONES NECESARIAS. Presentan moción para crear comisión investigadora, pero requiere de las firmas necesarias para ser presentada en el pleno. Pablo de la Flor afirma que ex funcionario no estaba enterado de los temas de fondo de la negociación.

Marienella Ortiz.-La respuesta no se hizo esperar. Una moción para que el Congreso decida conformar una comisión investigadora sobre los negociadores peruanos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en cuanto a las condiciones laborales en que se desempeñan, presentará el congresista Michael Martínez.El legislador consideró urgente aclarar los aspectos laborales de los negociadores, debido a lo acontecido con el ex funcionario Allan Angell Bessones, quien renunció a la labor que desempeñaba en la mesa de propiedad intelectual para pasarse al equipo de la multinacional norteamericana Pfizer.Además el legislador César Zumaeta informó que tramitó un pedido al ministerio de Comercio Exterior para que le informen en detalle sobre el caso, que fuera divulgado por La República.Zumaeta dijo que espera información relacionada con la labor específica y el nivel de información confidencial que manejó Angell.A modo de ejemplo indicó que luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), muchos de los negociadores mexicanos fueron a trabajar a compañías de EEUU.Calificó el hecho de "vergonzoso" en la medida que involucra las posiciones estratégicas del resto de los países andinos.En el Congreso está en "fila de espera" el proyecto de ley del legislador Ronnie Jurado que pide garantizar reglas de juego claras. Allí propone que los negociadores no accedan a puestos de trabajo de empresas relacionadas con el tema que les tocó negociar por un periodo de dos años.Sin injerenciaPablo de la Flor, jefe del equipo negociador peruano, intentó calmar los ánimos señalando que el ex funcionario no tuvo demasiada injerencia en las negociaciones."El señor Allan Angell fue miembro de ese equipo (propiedad intelectual), pero no en calidad de jefe negociador, y su participación en el mismo se limitó a las dos primeras rondas de negociación, que tuvieron un carácter eminentemente metodológico y en las que no se intercambiaron propuestas ni ofertas", indicó.Luego afirmó que "la salida de un miembro no afecta la integridad de un equipo, menos aun cuando nos hallamos inmersos en uno de los procesos sometidos a mayor escrutinio público en la actualidad".Afirmó que el equipo negociador es una aparato complejo en el que participan cerca de 180 técnicos y ejecutivos de diferentes ministerios y organismos públicos.Resaltó que existe una normatividad sobre las prohibiciones de los funcionarios públicos en relación con el tratamiento de la información pública.Sin embargo, De la Flor admite que es necesaria una legislación más específica en cuanto al uso de esa información."Es necesario buscar fórmulas para perfeccionar la legislación existente, y en ese sentido no solo aplaudimos sino que invocamos la participación del Congreso en materia de compatibilidad y confidencialidad", sostiene.